CUIDADO, GALLARDÓN PELIGROSO

Estoy convencido de que hace unos meses nadie habría podido imaginar que Gallardón –al que todos, ilusos, teníamos por el mirlo blanco, moderado y moderno, de la derecha hispánica– acabaría convertido en uno de los sujetos más peligrosos de este país. Padecemos uno de los gobiernos más insólitos de la historia de España: un gobierno en el que el Ministro de Educación se aplica a la tarea de destruir la educación, la Ministra de Sanidad y Servicios Sociales lamina la sanidad y los servicios sociales, el Ministro de Industria y Comercio y Turismo hace lo imposible para acabar con la industria y el comercio y el turismo en España, el Ministro de Ciencia cierra los laboratorios de investigación y la Ministra de Trabajo se muestra feliz porque destruir cien mil empleos es mejor que destruir ciento un mil. Un gobierno que autodestruye las funciones de sus miembros, un gobierno no para estar en la Moncloa sino para ocupar plaza en un psiquiátrico. Ya es de mérito destacar por lo peor en un gobierno así. Y eso es lo que ha conseguido Gallardón con su reforma que pone fin a derechos recogidos en la derogada de facto Constitución de 1978 y teóricamente aún vigentes como la igualdad ante la ley o la tutela judicial efectiva.

Pero no destaca Gallardón sólo por el potencial destructor de sus políticas sino también por su capacidad para insultar y faltar, aunque lo haga con engolada prosopopeya. Se ha sumado el Ministro de (in)Justicia al coro de ladrones que piensan que todos son de su condición, y si otros políticos acusaron a maestros o médicos de protestar en las calles no para defender los servicios fundamentales en los que trabajan sino porque se les había tocado el bolsillo, Gallardón acusa ahora al mundo judicial de protestar no porque se esté enterrando la Justicia española sino porque a los jueces y fiscales se les ha robado una paga extra y se les han reducido los días de libre disposición, y los acusa de haber pedido las tasas para pagarse sus fondos de pensiones. Como los políticos acuden a la cosa pública para garantizarse una futuro cómodo en los consejos de administración de las empresas o bancos para los que legislan desde los ministerios y los parlamentos, se piensan que toda la sociedad española está tan falta de dignidad, de decencia o de valores.

Gallardón, si cabe, ha sobrepasado a sus conmilitones de Consejo en la capacidad de ofender a la ciudadanía al tener la desvergüenza de decir que “gobernar, a veces, es repartir dolor”. Es una ofensa imperdonable decir eso en un país en el que el dolor no se ha repartido sino que se ha depositado íntegro y cortante sobre las espaldas de funcionarios, trabajadores, pequeños empresarios y comerciantes, parados, jubilados, investigadores, enfermos, estudiantes, niños con hambre, mujeres maltratadas, dependientes... Un país en el que los causantes de la crisis –los banqueros, los políticos, los que ocuparon plaza en los consejos de administración de las cajas de ahorro, toda esa banda de forajidos que si existe la justicia algún día tendrán que ser procesados con una ley de responsabilidades políticas y financieras creada ad hoc– no sólo no están sintiendo los efectos de este terremoto social y económico y de sufrimiento sino que cada día viven mejor a costa de ese dolor injustamente repartido.

Gallardón ha demostrado ser algo más y algo peor que un mal gobernante: ha demostrado ser un tipo sin alma ni conciencia, un sádico social con poder sobre el Boletín Oficial del Estado.