DESAHUCIO

Un grupo de jueces habían redactado un informe contrario a la legislación actual del desahucios, que data de 1909, de los tiempos de la “ley de fugas” y cosas similares. Calificaban esos jueces el procedimiento de ejecución hipotecaria (palabrería jurídica con la que se denomina el dejar en la calle a los niños) como de “excesivamente agresivo” y proponían medidas para corregir los abusos a los que los bancos están sometiendo a cientos de miles de españoles en los últimos años: miles de dramas personales que suceden muchas veces en silencio, ignorados por todos salvo por esos grupos rebosantes de coraje cívico que se plantan en las casas de las víctimas para evitar que las dejen en la calle. Pero el Consejo General del Poder Judicial, obediente a los dictados de su amo, ha pasado de puntillas por ese informe, como si no fuese con ellos, como si no fuesen una injusticia clamorosa que golpea las puertas de los juzgados tantos y tantos casos de abuso bancario. Como si no fuese un atentado contra la democracia que los jueces se pongan al servicio de los bancos, como ha sucedido en ese desahucio de Córdoba en el que sin previo aviso y mientras la madre llevaba a sus hijos al colegio, la policía y el funcionario judicial se presentaron en la casa para entregársela al banco. ¡Qué valiente la juez que firma esa orden de desahucio sin previo aviso! Ya digo: fieles a la voz de su amo.

Hoy, en el Barrio de La Chana, en Granada, se ha ahorcado un hombre de 54 años. Lo iban a desahuciar y el miedo a verse en la calle, sin nada, lo ha llevado a suicidarse. Se llamaba Miguel Ángel Domingo. Tenía familia, amigos, sueños rotos por la crisis, tenía angustias, desesperanza, miedo. Era como nosotros, era uno de los nuestros. Pero eso no le importa a los miembros del Consejo General del Poder Judicial: el sufrimiento de miles de conciudadanos suyos resbala por sus togas como la lluvia de este día gris.