SENADO BLANCO O NULO

La actitud de los políticos, sus repetidas mentiras y su desapego de la realidad, ha convertido en un ejercicio muy fácil la crítica despiadada a las instituciones públicas, que han sido tomadas por la casta política en su propio beneficio y para la creación de privilegios particulares. La facilidad con la que la pluma y la palabra descalifican a los políticos y el peso de la indignación moral que sustenta esa crítica, no pueden, sin embargo, impedirnos ver la utilidad democrática de instituciones como el Congreso de los Diputados. Nos guste o no su actitud y las leyes que dictan, aunque nos indigne el permanente estado de vacaciones bien pagadas en el que viven los diputados, y conscientes de las muchas prebendas que acumulan una vez apoltronan sus posaderas en el escaño, lo cierto es que el Congreso de los Diputados es algo necesario para la democracia. ¿Qué hay que mejorarlo? No hay quien lo dude. ¿Qué hay que exigir que sea más democrático, más representativo? Tampoco se puede dudar. ¿Qué tenemos derecho a pedir que el nivel intelectual y ético de quienes ocupan los escaños sea infinitamente mayor? Todos los ciudadanos decentes estamos de acuerdo en eso. Pese a tantos “peros”, este es el Congreso que tenemos y el 20 de noviembre hay que mojarse a la hora de elegir diputados.

Pero, y con el Senado, ¿qué ocurre? Después de más de tres décadas de democracia, el Senado se ha revelado como una cámara perfectamente inútil, sin competencias ni cometidos sustanciales: su desaparición, mañana, no supondría ninguna quiebra en el sistema y sólo lo echarían en falta los que se sientan en las bancadas senatoriales para disfrutar de la bicoca que supone ser senador del reino. Del Congreso de los Diputados podemos exigir la mejora y perfectibilidad, pero del Senado sólo cabe pedir su inmediata disolución. Se alegará que es algo recogido en la Constitución, pero hace pocas semanas hemos podido comprobar la facilidad con la que la Constitución puede reformarse si los grandes partidos están de acuerdo. ¿Por qué sería lícito reformar con nocturnidad y alevosía la Constitución para inyectarle el virus del neoliberalismo y no es democráticamente aceptable reformarla para suprimir algo tan costoso e inútil como el Senado?

El Senado español tiene un coste aproximado de sesenta millones de euros, unos diez mil millones de pesetas. En una época en la que el recorte de todas las políticas públicas se postula como una necesidad y como una virtud, es profundamente indecente que la casta política escamotee el recorte en aquello que les afecta directamente. Es cierto que hay elementos nucleares de la democracia que no pueden tocarse, por más que resulte fácil la demagogia al respecto. Pero no menos cierto es que los ciudadanos no podemos consentir que se recorte en educación y sanidad públicas, en pensiones, en ayudas a la dependencia y en tantas y tantas cosas realmente básicas para una sociedad civilizada y libre, mientras se mantiene ese mamotrenco político que es el Senado. Si el Congreso de los Diputados puede cumplir a la perfección el papel de poder legislativo y de control del gobierno, ¿a cuento de qué tiene que mantener 250 senadores, que no aportan nada a la democracia y que son un gasto inmoral, una sociedad como la española que según parece no puede mantener médicos y maestros ni ayudas a los parados?

Los españoles nos hemos acostumbrado a la crítica política de barra de bar. Pero el 20N tenemos la oportunidad de ser mayores de edad: votemos para el Congreso de los Diputados a quien creamos que puede hacer lo mejor para este país herido; pero para el Senado votemos nulo o en blanco. No le brindemos apoyo moral a una institución absolutamente prescindible, a la que se destinan decenas de millones de euros tan necesarios para escuelas, hospitales y ayudas a familias desesperadas. Y que el que le de su apoyo a un senador sepa que, cívicamente, queda inhabilitado, por delito de complicidad senatorial, para criticar a la casta más ociosa y mejor pagada de España.

(IDEAL, 10 de noviembre de 2011)