EL MAL ABSOLUTO

Como el desenlace del caso de los niños Ruth y José era previsible, las respuestas de la sociedad española también han sido las esperadas: por un lado, un puñado de energúmenos que claman por la pena de muerte, la legalización de la tortura, el linchamiento moral y colectivo de los familiares del criminal y otras tantas barbaridades; por otro lado, las televisiones –también algunas públicas– desplegando sus medios más potentes para realizar un festival macabro que hurgando en el sufrimiento de la madre de Ruth y José y en la vísceras de nuestra rabia, no tiene más pretensión que conseguir mayor audiencia y, por lo tanto, más ingresos publicitarios. Pero me resisto a pensar que esa es la imagen real de mi país: quiero creer que la mayoría de los españoles hemos asistido a la revelación de que los niños fueron asesinados y quemados por su padre, con una mezcla serena de espanto y compasión, con esa perplejidad que siempre produce la contemplación del mal, sosteniendo la frágil confianza que nos queremos retirarle a una ley penal tantas veces injusta.

Pensar el fundamento moral de la ley penal cuando se tiene sobre la mesa de la actualidad un crimen tan brutal y gratuito como el cometido por José Bretón es contraproducente: pensar en caliente quema la visión que tenemos de la realidad. Pero lo cierto es que estamos obligados a pensar sobre el mal, sobre su sustancia y, muy especialmente, sobre el castigo con el que como sociedad tenemos que responderle: el Derecho Penal es la expresión de ese castigo y, como un negativo fotográfico, expresa cuál es nuestra ética pública.

¿Cuál es la función del castigo? ¿Ejercer la venganza colectiva? Ferdinand von Schirach dice que las funciones del castigo son disuadir de la comisión del mal, proteger a la sociedad de los malvados, impedir esas funciones, la última es la de mayores connotaciones morales y la que mejor nos retrata: somos según la manera en la que compensamos a las víctimas el mal que se les ha causado. (Desde luego, la burla cometida contra los familiares de Marta del Castillo, por ejemplo, habla bastante mal de nuestra moralidad pública: una ley que consiente que se trate así un sufrimiento tan grande es una ley de esencia injusta.) No hay que pensar sobre la sangre de los niños asesinados ni de las adolescentes violadas y desaparecidas; pero no se puede dejar permanentemente de lado una reflexión coral, colectiva, sobre qué es el mal para nosotros y sobre cómo reparamos el sufrimiento que causa: hay que orientar la ley penal en la dirección de la dignidad y la reparación moral de los que sufren.

¿Cómo, pues, afrontamos la dolorosa realidad del mal? Las sociedades democráticas y laicas sólo pueden enfrentarse al mal desde el postulado ético de la libertad. Como acertadamente señala Rüdiger Safranski nuestra conciencia puede elegir la crueldad… o la bondad: nadie, ni el más terrible de los delincuentes, ni alguien tan repugnante como José Bretón, está obligado a cometer el mal. Por lo tanto, la gratuidad en la comisión del mal no puede quedar impune y no se puede privar a las víctimas –que razonablemente han renunciado a su “legítimo” derecho de venganza– de una reparación acorde a la profundidad y dimensión del daño que se les ha causado. El problema es que la legislación española, que castiga muy duramente algunos delitos, carece de sensibilidad ética para enfrentarse a padecimientos tan terribles como los que causa el asesinato de un niño, que por sí mismo debería ser una causa de excepción del mandato constitucional de reinserción del delincuente. ¿Por qué esta excepcionalidad del castigo del mal causado a los niños? Porque el dolor de los niños no es un mal cualquiera: dice Marcel Conche que “el sufrimiento de los niños es un mal absoluto”. Por lo tanto, sólo las víctimas de ese dolor absoluto y excepcional pueden autorizar a una sociedad a perdonar a los que lo cometieron. Perdonar un crimen contra niños sin contar con sus familiares es un acto de injusticia que no se puede justificar con ninguna filosofía.

(IDEAL, 30 de agosto 2012)