Hay ocasiones en que la ley y el Estado de Derecho parecen no disponer de argumentos ni de herramientas para defender a los ciudadanos. Y entonces, a medida que se retrae la autoridad y se abren los campos de impunidad de los que imponen el terror, crecen el descontento ciudadano, el desasosiego, la rabia. Luego eso se traduce en un aumento de los fascistas en las elecciones, y los políticos, cándidos, se preguntan qué está pasando.
Ese retraimiento de la autoridad y del imperio de la ley están sucediendo en Úbeda desde hace tiempo: concretamente desde que un clan mafioso (que se ampara en su condición de minoría étnica para gritar “racismo” en cuanto se señala la necesidad de practicar la mano dura contra ellos) está actuando libremente, desplegando sin cortapisas y sin temor –nada tienen que temer, a la vista está– sus normas, sus pautas. Palizas a camareros racistas que pretenden llevar a cabo el racista acto de cobrarles la cerveza que se toman, insultos presenciados por las fuerzas de orden público a quienes van a comprar a la Plaza de Abastos, intimidaciones brutales a niños –en los parques públicos y a plena luz del día: nada tienen que temer, repito– para robarles su cachorro de perro, su móvil, la paga del domingo… Y como les está funcionando lo de acobardar a la gente y como la política de miedo que practican impunemente es cada vez más potente, pues los rumores de acciones de esta escoria son cada vez mayores, hasta lograr que haya cuajado en Úbeda una sensación generalizada de indefensión. Sensación que crece cuando el rumor dice que los asaltados, golpeados o humillados bajan a la Comisaría a interponer una denuncia y salen de allí cabizbajos y con la beata recomendación de que no lo hagan, por su bien. Y tan generalizada es esta sensación de miedo y de indefensión que para las inminentes Fiestas del Renacimiento ya hay colectivos que van a preparar bates de béisbol en sus tabernas para defenderse de esta gentuza si aparece por allí, que aparecerán.
¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Tan averiado anda el espacio de la autoridad pública que es incapaz de desplegar sus medios para imponer la defensa de los ciudadanos decentes? ¿Qué habría ocurrido, por ejemplo, si una mañana de sábado unos ciudadanos cualesquiera hubieran cogido, delante de la policía, su coche con un cubata en la mano? ¿No habrían sido multados y detenidos? ¿No habrían sido inmediatamente detenidos y esposados los ciudadanos que hubieran insultado a los policías, los que los hubieran amenazado? ¿Por qué la ley cae con todo sus peso y todas sus togas y todas sus burocracias sobre los ciudadanos normales cuando cometen un error y escabulle sus responsabilidades frente a estas pandas del terror, que sistemáticamente se orinan sobre los derechos de la gente con la aquiescencia de la autoridad pública, por lo que vemos?
El repliegue de la legítima defensa de los derechos de los ciudadanos que practica la autoridad está poniendo a la ciudadanía ubetense en el filo de la navaja: bastará con que a estos malnacidos se les vaya la mano un día –contra un niño racista que no quiere darles su móvil, contra un camarero racista que presenta la cuenta, contra una adolescente racista que no quiere que la violen, contra un paseante cualquiera y racista que se los quede mirando, contra el conductor racista que les pite si se saltan un semáforo– para que estalle la olla a presión. Y para que, a la vista de que no hay justicia y de que la ley y la autoridad no han comparecido, muchos poseídos por la rabia sientan la necesidad de agruparse en masa encrespada que marche incontrolable a tomarse la justicia por su mano. ¿No están cometiendo las autoridades un delito moral cuando, con su falta de actividad contra los criminales, empujan a los ciudadanos hasta el precipicio de esta situación límite? ¿Realmente la ley, los jueces, las autoridades, no disponen de vericuetos, de atajos, de recursos, para imponer la protección de los decentes, para frenar la marea de la indignación que es algo que saca lo peor de las personas y que siempre acaba mal? Parece que no, que no se tienen medios legales para ello o que se carece de voluntad política y policial y judicial para poner remedio, pero entonces, cuando llegue ese día de la rabia y las hoces, vendrán los políticos con su retahíla de lamentos, con sus circunloquios sobre la necesidad de integración, con sus proclamas contra el racismo. Y la ley que no cae sobre los que provocan el terror caerá sobre quienes, desesperados o poseídos por la ira, acudan a vengar a los aterrorizados. Lo lamentable, lo verdaderamente lamentable, es que a fecha de hoy, cuando todos vemos como crece ese espacio sombreado del terror practicado por unos cuantos, no se toman medidas, no se actúa, no se levanta una barricada de poderosa ley, de urgente justicia, que frene los rumores, el miedo, la posibilidad real de que se desborde la rabia.
En Úbeda, con esta gentuza de los tiros y las navajas, acabará ocurriendo una desgracia. Algunos tenemos ya muy claro quienes serán entonces los responsables morales. Y cada palo político, cada palo policial, cada palo judicial, cada palo fiscal, tendrán que soportar su vela.
Ese retraimiento de la autoridad y del imperio de la ley están sucediendo en Úbeda desde hace tiempo: concretamente desde que un clan mafioso (que se ampara en su condición de minoría étnica para gritar “racismo” en cuanto se señala la necesidad de practicar la mano dura contra ellos) está actuando libremente, desplegando sin cortapisas y sin temor –nada tienen que temer, a la vista está– sus normas, sus pautas. Palizas a camareros racistas que pretenden llevar a cabo el racista acto de cobrarles la cerveza que se toman, insultos presenciados por las fuerzas de orden público a quienes van a comprar a la Plaza de Abastos, intimidaciones brutales a niños –en los parques públicos y a plena luz del día: nada tienen que temer, repito– para robarles su cachorro de perro, su móvil, la paga del domingo… Y como les está funcionando lo de acobardar a la gente y como la política de miedo que practican impunemente es cada vez más potente, pues los rumores de acciones de esta escoria son cada vez mayores, hasta lograr que haya cuajado en Úbeda una sensación generalizada de indefensión. Sensación que crece cuando el rumor dice que los asaltados, golpeados o humillados bajan a la Comisaría a interponer una denuncia y salen de allí cabizbajos y con la beata recomendación de que no lo hagan, por su bien. Y tan generalizada es esta sensación de miedo y de indefensión que para las inminentes Fiestas del Renacimiento ya hay colectivos que van a preparar bates de béisbol en sus tabernas para defenderse de esta gentuza si aparece por allí, que aparecerán.
¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Tan averiado anda el espacio de la autoridad pública que es incapaz de desplegar sus medios para imponer la defensa de los ciudadanos decentes? ¿Qué habría ocurrido, por ejemplo, si una mañana de sábado unos ciudadanos cualesquiera hubieran cogido, delante de la policía, su coche con un cubata en la mano? ¿No habrían sido multados y detenidos? ¿No habrían sido inmediatamente detenidos y esposados los ciudadanos que hubieran insultado a los policías, los que los hubieran amenazado? ¿Por qué la ley cae con todo sus peso y todas sus togas y todas sus burocracias sobre los ciudadanos normales cuando cometen un error y escabulle sus responsabilidades frente a estas pandas del terror, que sistemáticamente se orinan sobre los derechos de la gente con la aquiescencia de la autoridad pública, por lo que vemos?
El repliegue de la legítima defensa de los derechos de los ciudadanos que practica la autoridad está poniendo a la ciudadanía ubetense en el filo de la navaja: bastará con que a estos malnacidos se les vaya la mano un día –contra un niño racista que no quiere darles su móvil, contra un camarero racista que presenta la cuenta, contra una adolescente racista que no quiere que la violen, contra un paseante cualquiera y racista que se los quede mirando, contra el conductor racista que les pite si se saltan un semáforo– para que estalle la olla a presión. Y para que, a la vista de que no hay justicia y de que la ley y la autoridad no han comparecido, muchos poseídos por la rabia sientan la necesidad de agruparse en masa encrespada que marche incontrolable a tomarse la justicia por su mano. ¿No están cometiendo las autoridades un delito moral cuando, con su falta de actividad contra los criminales, empujan a los ciudadanos hasta el precipicio de esta situación límite? ¿Realmente la ley, los jueces, las autoridades, no disponen de vericuetos, de atajos, de recursos, para imponer la protección de los decentes, para frenar la marea de la indignación que es algo que saca lo peor de las personas y que siempre acaba mal? Parece que no, que no se tienen medios legales para ello o que se carece de voluntad política y policial y judicial para poner remedio, pero entonces, cuando llegue ese día de la rabia y las hoces, vendrán los políticos con su retahíla de lamentos, con sus circunloquios sobre la necesidad de integración, con sus proclamas contra el racismo. Y la ley que no cae sobre los que provocan el terror caerá sobre quienes, desesperados o poseídos por la ira, acudan a vengar a los aterrorizados. Lo lamentable, lo verdaderamente lamentable, es que a fecha de hoy, cuando todos vemos como crece ese espacio sombreado del terror practicado por unos cuantos, no se toman medidas, no se actúa, no se levanta una barricada de poderosa ley, de urgente justicia, que frene los rumores, el miedo, la posibilidad real de que se desborde la rabia.
En Úbeda, con esta gentuza de los tiros y las navajas, acabará ocurriendo una desgracia. Algunos tenemos ya muy claro quienes serán entonces los responsables morales. Y cada palo político, cada palo policial, cada palo judicial, cada palo fiscal, tendrán que soportar su vela.
(Publicado en Diario IDEAL el día 27 de junio de 2009)
2 comentarios:
Enhorabuena por decir las cosas tan claras, porque lo que está pasando en nuestro pueblo con los pikikis tiene que acabar mal y entonces los politicos se echaran las manos a la cabeza. Para mí el máximo responsables son la subdelegada del gobierno y el presidente de la audiencia provincial, que no ponen los medios para que la ley caiga con todo su peso sobre la cabeza de estos parásitos de la sociedad.
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