CATALUÑA Y LA CONSTITUCIÓN MUERTA

Creo que el debate sobre la independencia de Cataluña no puede ya plantearse en términos jurídicos, porque el debate jurídico está ampliamente superado por la realidad. La Constitución no puede ya ser un parapeto desde el que se disparen argumentos jurídicos contra lo que es un problema político y social de dimensiones colosales. ¿Se puede seguir conteniendo el debate sobre la independencia catalana apelando a las actuales limitaciones constitucionales, a los procedimientos de reforma de la Constitución o a la soberanía nacional titular del poder constituyente? Por desgracia, la crisis ha convertido en papel mojado los fundamentos constitucionales del Estado español. Y es que no se puede recurrir al principio de soberanía nacional para congelar el debate político sobre la independencia catalana, cuando esa soberanía le ha sido entregada a poderes oscuros y antidemocráticos –la Troika, el Eurogrupo, el FMI, la Comisión Europea– o cuando se la ha supeditado a los dictados del gobierno de Alemania y a las sentencias de su Corte Constitucional. Si realmente el sentimiento secesionista es tan amplio en Cataluña, la soberanía nacional del pueblo español no puede convertirse en un freno para ello porque, simplemente, nuestros políticos no han querido que ese mismo principio fuese un freno para las políticas sociales y económicas que dictaban poderes extranjeros y que se han traducido en un colapso de nuestra economía, en un deterioro brutal del nivel de vida de los españoles y en un empobrecimiento generalizado del país.

La soberanía nacional y la independencia de España son algo que, simplemente, no existen en este momento en el que otros deciden por nosotros y en el que el régimen de la Transición agoniza. Los fundamentos políticos de la Constitución de 1978 han saltado por los aires: por eso no sirven ya como argumento jurídico que enfrentarse al reto que lanza el independentismo catalán. Un Estado que en los últimos meses ha vulnerado todo el catálogo de derechos sociales y económicos que la Constitución reconoce a los ciudadanos y que, simplemente, ha ignorado los principios constitucionales que rigen la vida social y económica no puede pretender que el principio de la unidad de España sea el único sagrado e inviolable: a muchos ciudadanos nos importa mucho más que la unidad de España una España solidaria con los emigrantes, con los dependientes, con los niños que necesitan becas o con los enfermos de cáncer. Después de haber vaciado de contenido el Título I y el Título VII de la Constitución, se pretende convertir los artículos 2 y 8 en el búnker desde el que impedir la independencia catalana. Abundan en los últimos días las declaraciones de espadones que recuerdan que las Fuerzas Armadas tienen la encomienda constitucional de defender la unidad de España: también la de defender su independencia y su soberanía y su ordenamiento constitucional, y todos ellos han sido vulnerados sistemáticamente con la política de ajuste y recorte de derechos impuesta desde el extranjero sin que los militarotes protestasen ni clamasen al cielo.

El cinismo, por suerte, ya no es un arma válida para el debate y la Constitución ha perdido toda legitimidad porque sólo se aplica en lo que ideológicamente conviene a los poderosos: la Constitución de 1978 está muerta y por eso el debate catalán es puramente político. Eso, precisamente, es lo que lo convierte en algo apasionante y lleno de pasiones, que son siempre el peor sustento de una discusión. Posiblemente no hay ni un solo argumento histórico, literario, económico o social de relevancia que justifique la independencia de Cataluña, y cuando ésta se produzca la pérdida espiritual será inmensa para las dos partes. Pero como hay un sector amplio de la sociedad catalana que se cree las razones del independentismo, carece de sentido negarse a enfrentar esa realidad. Y esa realidad no se puede enfrentar desde la Constitución, muerta, sino desde la política. No hay otra salida.

(IDEAL, 20 de septiembre de 2012)