Las distorsiones sociales son una constante a lo largo de la historia: nuestra sociedad no está enferma porque un grupo de menores, acompañados por un adulto, cojan a una chica de 13 años y la violen en grupo, reiteradamente. No, es drama horrible, pero el problema viene cuando vemos las consecuencias que el pensamiento políticamente correcto –ese cáncer que corroe la dignidad de las víctimas, la decencia de una sociedad y el sentido reparador de la justicia– saca de un hecho tan terrible. En realidad de este caso también podemos extraer una conclusión generalizable a todo el sistema jurídico español: el protegido es siempre el delincuente y todo el escarnio, toda la burla, recaen sobre la víctima.
Hace tres o cuatro días veíamos a la madre de Sandra Palo destrozada reflexionando entre lágrimas sobre el hecho de que el Malaguita, uno de los asesinos de su hija, pida –con toda la caradura del mundo– una pensión vitalicia porque el jeta dice que tiene problemas de no se qué. El simple hecho de que una solicitud de ese tipo se pueda tramitar indica la espeluznante enfermedad moral que corroe al sistema penal español. Pues el caso de la chica violada en Baena lo expresa todavía con más claridad: ¿hay una Ley del Menor?, sí, pero para defender sólo y exclusivamente a los menores delincuentes. Los otros, los menores víctimas de violaciones, de abusos, de maltrato, de acoso escolar, son despreciados, como ocurre con todas las víctimas en todos los casos. Invariablemente, la Ley y el Defensor del Menor –un tipo siniestro– encuentran argumentos para intentar justificar la injustificable actitud de los menores que cometen delitos: que si las condiciones sociales, que si su familia, que si la desestructuración… ¿Y es justo, y es legítimo, que todo eso lo paguen las víctimas? ¿Por qué no lo pagan quienes tienen la obligación de acabar con las marginaciones y desestructuraciones que supuestamente causan estos menores terroríficos?
La ley que permite que dos menores estén ya en sus casas porque son “inimputables” es una aberración: porque se está cebando en el sufrimiento de la víctima, que ha quedado palmariamente desprotegida. Estremece el sufrimiento de su madre, pero esas lágrimas se ven que no remueven las entrañas de los progres que dictan las leyes. Y ahora no caben pomposas reflexiones filosóficas, ni andar echando la culpa al juez que aplica la ley: la culpa, es urgente dejarlo claro, la tienen los diputados que entre vacaciones y vacaciones –mira que viven bien estos tipos– no cambian la Ley del Menor y el Código Penal. Claro, son los mismos políticos políticamente correctos que piensan que un menor que viola a una adolescente no es imputable, pero que una adolescente sí tiene capacidad para decidir si aborta o no. Paranoia: esa es la enfermedad que el indecente pensamiento políticamente correcto está inyectando en el cuerpo social español.
Hace tres o cuatro días veíamos a la madre de Sandra Palo destrozada reflexionando entre lágrimas sobre el hecho de que el Malaguita, uno de los asesinos de su hija, pida –con toda la caradura del mundo– una pensión vitalicia porque el jeta dice que tiene problemas de no se qué. El simple hecho de que una solicitud de ese tipo se pueda tramitar indica la espeluznante enfermedad moral que corroe al sistema penal español. Pues el caso de la chica violada en Baena lo expresa todavía con más claridad: ¿hay una Ley del Menor?, sí, pero para defender sólo y exclusivamente a los menores delincuentes. Los otros, los menores víctimas de violaciones, de abusos, de maltrato, de acoso escolar, son despreciados, como ocurre con todas las víctimas en todos los casos. Invariablemente, la Ley y el Defensor del Menor –un tipo siniestro– encuentran argumentos para intentar justificar la injustificable actitud de los menores que cometen delitos: que si las condiciones sociales, que si su familia, que si la desestructuración… ¿Y es justo, y es legítimo, que todo eso lo paguen las víctimas? ¿Por qué no lo pagan quienes tienen la obligación de acabar con las marginaciones y desestructuraciones que supuestamente causan estos menores terroríficos?
La ley que permite que dos menores estén ya en sus casas porque son “inimputables” es una aberración: porque se está cebando en el sufrimiento de la víctima, que ha quedado palmariamente desprotegida. Estremece el sufrimiento de su madre, pero esas lágrimas se ven que no remueven las entrañas de los progres que dictan las leyes. Y ahora no caben pomposas reflexiones filosóficas, ni andar echando la culpa al juez que aplica la ley: la culpa, es urgente dejarlo claro, la tienen los diputados que entre vacaciones y vacaciones –mira que viven bien estos tipos– no cambian la Ley del Menor y el Código Penal. Claro, son los mismos políticos políticamente correctos que piensan que un menor que viola a una adolescente no es imputable, pero que una adolescente sí tiene capacidad para decidir si aborta o no. Paranoia: esa es la enfermedad que el indecente pensamiento políticamente correcto está inyectando en el cuerpo social español.
1 comentario:
Aqui dejo, para quien le interese, las reflexiones de un juez de menores que habla claro, Emilio Calatayud.Un saludo.
http://blogs.periodistadigital.com/electroduende.php/2007/09/19/emiliocalatayud_menores8794
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