El 29 de junio del año pasado el ministro de Industria del momento, un tal Joan Clos i Matheu –que el diablo guarde y confunda–, andaba en la embajada española en Astaná, capital de Kazajistán. Para cometer sus barbaridades los políticos siempre se han hecho los suecos, pero Clos decidió no viajar a tan civilizado país como Suecia –no fuese que se le pegase algo de respeto a los ciudadanos– y se fue al Cáucaso a firmar el Real Decreto 871/2007 por el que se ajustan las tarifas nocturnas a partir del 1 de julio del año pasado.
A estas alturas el Decreto sigue siendo un gran desconocido para muchas familias españolas, pero en apenas un mes se sumará a las pesadillas que ya sacuden sus bolsillos. Entre las muchas barbaridades decretadas –en cualquier país civilizado los juristas del Estado reclamarían el derecho de objeción de conciencia antes de escribir tales cosas– está la del artículo 1, que sin pudor alguno y por adelantado dice que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2007 las eléctricas españolas tendrían (tuvieron) un déficit de… ¡750.000 miles de euros! (perdonen la expresión, pero el lumbreras que redactó el artículo puso eso: “750.000 miles de euros”). Claro, y nosotros nos chupamos el dedo: las eléctricas pierden dinero y por eso hasta hace unos meses andaban todos locos perdidos por ver quien se quedaba con el negocio. ¿Recuerdan ustedes el follón empresarial y político que se montó con lo de la opa a Endesa? ¿De verdad piensan que si las eléctricas perdieran tanto dinero iban a andar a tortazo limpio para comprarlas?
Más allá de esta burla de nuestra inteligencia, el Decreto atenta directamente contra los intereses de millón y medio de familias: su disposición transitoria primera dice, literalmente, que “A partir del 1 de julio de 2008 desaparece la tarifa 2.0 con discriminación horaria nocturna”. Sin más explicaciones. ¿Qué significa esto? Pues que a partir del 1 de julio próximo los contratos que cientos de miles de españolitos tienen firmados con las eléctricas dejan de tener validez jurídica. O sea, que esos contratos no sirven, que son papel mojado; que si esas familias se gastaron un buen dinero para instalar acumuladores de calor, ahora su inversión pasa a engrosar la lista de beneficios de las eléctricas; que nos dejan sin tarifa nocturna porque sí y por el morro. Y tan porque sí que a fecha de hoy las eléctricas todavía no han comunicado a sus clientes que, de acuerdo con el capricho del gobierno del Reino –me resisto a escribir “gobierno de la Nación”, porque eso significa ciudadanía y derechos, que aquí se han pisoteado–, el 1 de julio sus contratos dejan de tener validez jurídica y que están obligados a acogerse a otra situación. Porque para más burla y escarnio de los ciudadanos, el infame Decreto establece que es obligación de los consumidores el comunicar a la empresa a cuál de las nuevas tarifas desean acogerse, adjudicando el Real Decreto tarifas por cuenta propia para los indefensos y desinformados ciudadanos que no hagan las gestiones a que se les obliga. Las asociaciones de consumidores ya han recomendado, sabiamente, que nadie mueva un dedo en este sentido: pedir un nuevo contrato es dar por buena la aberración jurídica que supone el Decreto.
En cualquier caso, en unas semanas asistiremos con absoluta impotencia a una violación masiva de nuestros derechos. O de nuestros supuestos derechos, porque los calambres que produce el Decreto dejan clara una cosa, por si alguien tenía dudas: los españoles seguimos teniendo más de súbditos de señores feudales que de supuestos ciudadanos en un país teóricamente constituido en Estado Social y Democrático de Derecho. Eso por no hablar de que nos consideran imbéciles y hasta puede que tengan razón: sin ir más lejos, el ministro Sebastián –sí, ese que hizo el ridículo en las elecciones municipales en Madrid– tiene la cara dura de decir que no desaparece la tarifa nocturna sino que se amplía. Y se queda tan ancho.
Este Decreto del gobierno –y la actitud cobarde, cuando no chulesca, de sus ministros de Industria– deja a España en situación jurídica similar a la de las repúblicas bananeras, por la inseguridad jurídica que genera. Con el Decreto 871 nos acercamos más a Venezuela o a Bolivia que a los países democráticos con los que en Europa compartimos espacio pero no comportamientos ni ideales, según parece. Miles de familias se acogieron a la tarifa nocturna que ahora desaparece con el convencimiento de que en un Estado de Derecho los contratos tienen fuerza de ley. Comprueban ahora que no es cierto: que aquí lo único que tiene fuerza de ley es la obligación de que entre todos paguemos el creciente negocio de las eléctricas. Para un Estado de Derecho garantizar la seguridad jurídica es fundamental, pero después del Decreto 871/2007, ¿quién puede garantizarnos que dentro unos años no se volverán a cambiar por real decreto nuestros contratos con las eléctricas, si así conviene a los intereses de las mismas o a los caprichos de los políticos de turno?
El Decreto del apagón no sólo se burla de los ciudadanos y apaga sus derechos: además, se orina encima de la Constitución, por más que los jueces y los constitucionalistas –que se la cogen con el papel de fumar de los poderosos– le hagan palmas a la validez jurídica de la norma. Pues muy bien: pero a los que cobramos bastante menos que los magistrados del Tribunal Constitucional nos costará creer, a partir del 1 de julio, en el artículo 1.1. de la Constitución, ese que dice que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que –entre otros– propugna como valor supremo de su ordenamiento jurídico la justicia. O consideraremos que resulta indiferente para nuestros supuestos derechos que figure en el texto constitucional el artículo 9, pues el Real Decreto 871/2007 dinamita la seguridad jurídica, dejando a los ciudadanos al albur de los caprichos de los políticos y de las multinacionales. Y por supuesto nos parecerá que se ríen de nosotros cuando nos reciten el artículo 24 para decirnos que los ciudadanos no podemos quedarnos indefensos. Por no hablar de la chanza que producirá el artículo 39, ese que burlonamente dice que “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.” Y, para terminar, quedará convertido en puro esperpento el artículo 51.1., que habla de que “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”
Hace poco le preguntaron a Luis Francisco Esplá –filósofo de la vida– qué le habría gustado ser si no hubiera sido torero: respondió que un bandolero romántico, de aquellos que en el siglo XIX robaban a los ricos en las serranías andaluzas para darle a los pobres, porque dejó bien claro que los bandoleros de hoy van de traje y corbata y a esos no quiere parecerse. Lo que no dijo es que los nuevos bandoleros ocupan ministerios y desde Astaná le roban a los pobres para darle a los ricos.
Se están poniendo caros la luz y el ser español, porque difícilmente puede uno creer en un país que se ríe a carcajadas de sus ciudadanos. Tal vez lo que pretende el gobierno, poniendo la luz a precio de oro, es que vivamos a oscuras para no ver la triste realidad de este país que no acaba de salir de las oligarquías y los caciquismos. Goethe, cuando moría, pedía más luz, para ver los caminos de la eternidad. Ahora tendremos que recorrer a oscuras el estrecho y mileurista camino del día a día. Se lo debemos al bandolero Clos: que el diablo lo guarde, sí, pero lejos, muy lejos de nosotros, que no necesitaremos verlo para acordarnos de él y de todos sus ascendentes el martes 1 de julio.
(Publicado en Diario IDEAL, ediciones de Jaén, Granada y Almería, el día 28 de mayo de 2008)
A estas alturas el Decreto sigue siendo un gran desconocido para muchas familias españolas, pero en apenas un mes se sumará a las pesadillas que ya sacuden sus bolsillos. Entre las muchas barbaridades decretadas –en cualquier país civilizado los juristas del Estado reclamarían el derecho de objeción de conciencia antes de escribir tales cosas– está la del artículo 1, que sin pudor alguno y por adelantado dice que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2007 las eléctricas españolas tendrían (tuvieron) un déficit de… ¡750.000 miles de euros! (perdonen la expresión, pero el lumbreras que redactó el artículo puso eso: “750.000 miles de euros”). Claro, y nosotros nos chupamos el dedo: las eléctricas pierden dinero y por eso hasta hace unos meses andaban todos locos perdidos por ver quien se quedaba con el negocio. ¿Recuerdan ustedes el follón empresarial y político que se montó con lo de la opa a Endesa? ¿De verdad piensan que si las eléctricas perdieran tanto dinero iban a andar a tortazo limpio para comprarlas?
Más allá de esta burla de nuestra inteligencia, el Decreto atenta directamente contra los intereses de millón y medio de familias: su disposición transitoria primera dice, literalmente, que “A partir del 1 de julio de 2008 desaparece la tarifa 2.0 con discriminación horaria nocturna”. Sin más explicaciones. ¿Qué significa esto? Pues que a partir del 1 de julio próximo los contratos que cientos de miles de españolitos tienen firmados con las eléctricas dejan de tener validez jurídica. O sea, que esos contratos no sirven, que son papel mojado; que si esas familias se gastaron un buen dinero para instalar acumuladores de calor, ahora su inversión pasa a engrosar la lista de beneficios de las eléctricas; que nos dejan sin tarifa nocturna porque sí y por el morro. Y tan porque sí que a fecha de hoy las eléctricas todavía no han comunicado a sus clientes que, de acuerdo con el capricho del gobierno del Reino –me resisto a escribir “gobierno de la Nación”, porque eso significa ciudadanía y derechos, que aquí se han pisoteado–, el 1 de julio sus contratos dejan de tener validez jurídica y que están obligados a acogerse a otra situación. Porque para más burla y escarnio de los ciudadanos, el infame Decreto establece que es obligación de los consumidores el comunicar a la empresa a cuál de las nuevas tarifas desean acogerse, adjudicando el Real Decreto tarifas por cuenta propia para los indefensos y desinformados ciudadanos que no hagan las gestiones a que se les obliga. Las asociaciones de consumidores ya han recomendado, sabiamente, que nadie mueva un dedo en este sentido: pedir un nuevo contrato es dar por buena la aberración jurídica que supone el Decreto.
En cualquier caso, en unas semanas asistiremos con absoluta impotencia a una violación masiva de nuestros derechos. O de nuestros supuestos derechos, porque los calambres que produce el Decreto dejan clara una cosa, por si alguien tenía dudas: los españoles seguimos teniendo más de súbditos de señores feudales que de supuestos ciudadanos en un país teóricamente constituido en Estado Social y Democrático de Derecho. Eso por no hablar de que nos consideran imbéciles y hasta puede que tengan razón: sin ir más lejos, el ministro Sebastián –sí, ese que hizo el ridículo en las elecciones municipales en Madrid– tiene la cara dura de decir que no desaparece la tarifa nocturna sino que se amplía. Y se queda tan ancho.
Este Decreto del gobierno –y la actitud cobarde, cuando no chulesca, de sus ministros de Industria– deja a España en situación jurídica similar a la de las repúblicas bananeras, por la inseguridad jurídica que genera. Con el Decreto 871 nos acercamos más a Venezuela o a Bolivia que a los países democráticos con los que en Europa compartimos espacio pero no comportamientos ni ideales, según parece. Miles de familias se acogieron a la tarifa nocturna que ahora desaparece con el convencimiento de que en un Estado de Derecho los contratos tienen fuerza de ley. Comprueban ahora que no es cierto: que aquí lo único que tiene fuerza de ley es la obligación de que entre todos paguemos el creciente negocio de las eléctricas. Para un Estado de Derecho garantizar la seguridad jurídica es fundamental, pero después del Decreto 871/2007, ¿quién puede garantizarnos que dentro unos años no se volverán a cambiar por real decreto nuestros contratos con las eléctricas, si así conviene a los intereses de las mismas o a los caprichos de los políticos de turno?
El Decreto del apagón no sólo se burla de los ciudadanos y apaga sus derechos: además, se orina encima de la Constitución, por más que los jueces y los constitucionalistas –que se la cogen con el papel de fumar de los poderosos– le hagan palmas a la validez jurídica de la norma. Pues muy bien: pero a los que cobramos bastante menos que los magistrados del Tribunal Constitucional nos costará creer, a partir del 1 de julio, en el artículo 1.1. de la Constitución, ese que dice que España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que –entre otros– propugna como valor supremo de su ordenamiento jurídico la justicia. O consideraremos que resulta indiferente para nuestros supuestos derechos que figure en el texto constitucional el artículo 9, pues el Real Decreto 871/2007 dinamita la seguridad jurídica, dejando a los ciudadanos al albur de los caprichos de los políticos y de las multinacionales. Y por supuesto nos parecerá que se ríen de nosotros cuando nos reciten el artículo 24 para decirnos que los ciudadanos no podemos quedarnos indefensos. Por no hablar de la chanza que producirá el artículo 39, ese que burlonamente dice que “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.” Y, para terminar, quedará convertido en puro esperpento el artículo 51.1., que habla de que “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”
Hace poco le preguntaron a Luis Francisco Esplá –filósofo de la vida– qué le habría gustado ser si no hubiera sido torero: respondió que un bandolero romántico, de aquellos que en el siglo XIX robaban a los ricos en las serranías andaluzas para darle a los pobres, porque dejó bien claro que los bandoleros de hoy van de traje y corbata y a esos no quiere parecerse. Lo que no dijo es que los nuevos bandoleros ocupan ministerios y desde Astaná le roban a los pobres para darle a los ricos.
Se están poniendo caros la luz y el ser español, porque difícilmente puede uno creer en un país que se ríe a carcajadas de sus ciudadanos. Tal vez lo que pretende el gobierno, poniendo la luz a precio de oro, es que vivamos a oscuras para no ver la triste realidad de este país que no acaba de salir de las oligarquías y los caciquismos. Goethe, cuando moría, pedía más luz, para ver los caminos de la eternidad. Ahora tendremos que recorrer a oscuras el estrecho y mileurista camino del día a día. Se lo debemos al bandolero Clos: que el diablo lo guarde, sí, pero lejos, muy lejos de nosotros, que no necesitaremos verlo para acordarnos de él y de todos sus ascendentes el martes 1 de julio.
(Publicado en Diario IDEAL, ediciones de Jaén, Granada y Almería, el día 28 de mayo de 2008)
¡¡¡NO AL FIN DE LA TARIFA NOCTURNA!!!
7 comentarios:
Hace tres meses (antes de las elecciones), ya hice una entrada sobre este tema. Personalmente soy uno de los estafados, y como bien dices, Endesa aún no me ha comunicado nada, que creo que es su obligación. Esa podría ser una buena base para invalidar toda esta estafa legal.
Lo que más gracia (triste gracia) me hace es recordar a Zapatero, con ese tono rotundo y ese dedo indice y pulgar formando un circulito, moviéndose arriba y abajo, afirmando que se comprometía a que las tarifas eléctricas no hiban a subir por encima del IPC...
Un saludo
Ups, he puesto hiban (como lo lea mi mujer me mata), evidentemente quería decir iban...
Excelente artículo, salvo que no me ha quedado clara su alternativa al problema energético ni la parte en la que demuestra con datos verficables que las energéticas no están perdiendo dinero. *
*Decir: "¿pero ustedes creen que...?" no es un dato verificable.
No creo que la solución al problema energético sea una vulneración masiva de los derechos de los ciudadanos. Y más de los ciudadanos que hicieron una apuesta por el ahorro energético y por el respeto al medio ambiente con el sistema de tarifa nocturna;: ¿no lo vendían así?
El problema energético se solucionará buscando fuentes alternativas, y en cualquier caso no era ese el tema de este artículo. El artículo no tenía, no tiene, más pretensión, que la de denunciar la estafa de nuestros derechos y la vulneración de los mismos que se va a cometer cuando se ponga fin a la tarifa nocturna. Ese era su objetivo.
Por lo que respecta al déficit de las eléctricas, le respondo con una pregunta: ¿se habría montado el follón que se montó con la opa de Gas Natural a Endesa si la eléctrica hubiera sido deficitaria? ¿Usted me compraría un negocio que yo vendiese porque me produjese deudas? Creo que el follón político, económico y mediático que se armó con lo de Endesa explica suficientemente cuál es el déficit de las empresas eléctricas. A mí, que no soy economista ni entiendo los complicados cálculos ministeriales para convencernos de que es justo el sablazo que nos van a dar, me basta con esa pelea para entender que en ese negocio no sólo no se pierde nada sino que se ganan euros a mansalva. Tal vez soy demasiado simple...
Querido Montgolfier.
Lo que tu alegas como base legal para invalidar esta estafa puede tener su fundamento. Pero hay un problema, un grave problema: ¿quién de nosotros, ciudadanos de a pie que a duras penas llegamos a fin de mes, nos podemos permitir el lujo de pagar durante años a un abogado que luche contra los potentes equipos jurídicos de eléctricas y Ministerio de Industria? Aún cuando tuviésemos toda la razón, tardarían años y años y años en dárnosla, suponiendo que nos la diesen. En España han pasado cosas más graves que ésta, de las que el Estado ha sido responsable directo (¿recuerdas los cientos de muertos por la colza, ese crimen cometido con la connivencia de políticos y empresarios sin escrúpulos?) y, como era de esperar, no ha pasado nada. A los poderosos nunca les pasa nada en España, gobierne quien gobierne: esto es triste pero es así y el decretazo del apagón lo único que hace es demostrarlo.
Posiblemente el déficit tarifario exista. Hasta puede admitirse que sea abultado, aunque no esté a nuestro alcance verificarlo. Pero el modelo energético no se va a corregir defraudando las expectativas legítimas de los usuarios. Quienes confiaron en la publicidad institucional y empresarial [ya saben, energía limpia, ecológica, beneficiosa para el sistema eléctrico en tarifa nocturna, bla, bla ] se adaptaron al modelo de tarifa nocturna y realizaron transformaciones en sus negocios y viviendas con inversiones que ya nunca van a amortizar. Suscribieron contratos civiles (pese a que fueran contratos por adhesión) en virtud de los que tomaron decisiones económicas cuantiosas. El Gobierno ahora no sube el precio de la energía a los usuarios de la tarifa nocturna. Elimina esa tarifa (que era la base fáctica de un millón y medio de contratos) e impone obligatoriamente nuevas y penosísimas condiciones contractuales a unos usuarios que, como bien dice el autor del artículo, tenía la obligación moral, legal y constitucional de proteger.
Un millón y medio de familias ven ahora cómo su inversión para adaptarse a la tarifa nocturna, que en la mayoría de los casos sólo era amortizable en el medio plazo, les impone pagar el suministro eléctrico a un precio que en muchos casos no podrán afrontar. Eso es contrastable.
Que el déficit tarifario lo acabarán recuperando las compañías eléctricas, es más que predecible. Esta arbitrariedad gubernamental, que reportará pingües beneficios a las eléctricas, no es sino el pago de los intereses de ese déficit tarifario a cambio de llevarlo, "como sea", unos años más allá.
A los que les preocupe el modelo energético les recomiendo frecuentes visitas a la página de Red Eléctrica de España, donde podrán encontrar la estructura de generación en tiempo real de la energía que consumimos en España (gran trabajo, Oriol). También las curvas de demanda, las superficies que comprenden según el término horario y, aunque aproximadamente, el enorme favor que el gobierno nos hace ampliando el horario de la nueva tarifa nocturna a cambio de aumentar un 32% el importe de la restante.
Sin hablar del robo del término de potencia.
Un saludo.
El caso es que hace tres años me dirigí a una oficina de Endesa de nuestra localidad para informarme de los tipos de calefacción que ofrecía y sus costes. Allí ellos me asesoraron y me "convencieron", indicaron, aconsejaron... diciéndome que el sistema de acumuladores de calor con TARIFA NOCTURNA era el que más me convenía. Ay, mísero de mi, me lo creí y aquí nos vemos...
Endesa nos vende aparatos de calefacción con funcionamiento óptimo siempre y cuando se rijan por la tarifa nocturna y luego nos la quita y nos deja los aparatos que nos ha vendido y que sin dicha tarifa son insostenibles.
Juan
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