Poco antes de participar en la procesión del Corpus Christi con el recogimiento y devoción que la ocasión requiere, la Cospedal había demostrado su valentía y arrojo político despidiendo a las enfermeras que atendían la unidad de Oncología Pediátrica de un hospital de Toledo. Entre las enfermeras que se fueron al paro estaba una amiga.
Ahora, esa amiga ha encontrado trabajo. Ha sido una cuestión de suerte: en su camino, y en el camino de miles de enfermos, se ha cruzado uno de esos escasos jueces que todavía deben creer en la justicia. Después de que el esbirro político que ostenta la gerencia del Hospital Virgen de la Salud de Toledo decidiera cerrar varias plantas del mismo, con el consiguiente recorte en personal, los pacientes se hacinaban en los pasillos en una situación inhumana y vergonzosa. Hasta que un familiar se fue al juzgado a poner una denuncia contra lo que allí estaba pasando: desesperado, se agarró a la última esperanza, a la de que los jueces tienen que restablecer la justicia y la dignidad que los políticos se han empeñado en vulnerar. Tuvo suerte: su denuncia fue a parar a la mesa de un juez decente y con alto sentido de su función moral que ordenó la inmediata apertura de la cuarta planta del Hospital para atender a los enfermos dignamente, conforme mandan las normas españolas. Esto hizo que el gerente tuviera que proceder con urgencia a la contratación de, entre otro personal, doce enfermeras entre las que estaba mi amiga.
Es importante que mi amiga tenga un contrato para tres meses. Pero más importante me parece constatar que hay jueces como ese juez de Toledo. Porque estoy convencido de que los únicos que pueden poner freno a las tropelías de los políticos son los jueces. En un país normalizado, la fiscalía perseguiría a los políticos del recorte, pero aquí la fiscalía está al servicio de esos políticos. Por eso nuestra única esperanza es que se cruce en nuestro camino un juez que crea, de verdad, en la Justicia.
Recuerdo que en la asignatura de Filosofía del Derecho se hablaba de los altísimos valores que deben inspirar las normas legales para que estas sean legítimas. Cuando esos valores están siendo violados, los jueces, en uso de su conciencia y atendiendo a su compromiso con los valores que dicen defender, tienen que rebelarse, como hicieron en su día algunos jueces italianos que lograron rescatar momentáneamente la democracia italiana de la absoluta desvergüenza y del descrédito total. Los jueces no pueden asistir impasibles y como si no fuese con ellos a la arbitrariedad y a la consolidación de las injusticias que convierten en papel mojado la mayor parte del articulado de la Constitución de 1978 y allí donde es evidente que se están atacando los derechos de los ciudadanos (ataques a los funcionarios, reforma laboral, disminución de becas, precarización de la sanidad pública, devaluación acelerada de la escuela pública) los jueces deben dictar órdenes perentorias que restablezcan la decencia democrática. Si para ello tienen que hacer ingeniería jurídica, su obligación es hacerla. Como ha hecho el juez de Toledo. Porque permanecer agazapados detrás de las togas, en este momento crítico de España, viendo como se despoja a los ciudadanos de los derechos amparados por los altos valores de la Constitución de 1978 y como se nos arroja al pozo de la desesperación y de la ira, los convierte en cómplices. Son urgentes muchas rebeliones en España: pero la rebelión imprescindible es la de los jueces.
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