SOBRE LA CASTA POLÍTICA (II)

Aquí viene la segunda entrega, a lo Wikileaks, sobre los políticos españoles. Como podrán comprobar, ya vamos concretando en cuando dinero contante y sonante se traducen las prebendas políticas.

PENSIONES. La pensión anual media de los españoles es de unos 10.000 euros, pero los políticos tienen derecho a pensiones vitalicias muy superiores: 74.000 euros en el caso de los primeros espadas de La Casta. Además estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas. Un diputado o senador tiene que estar sólo siete años en el cargo para optar a la pensión máxima, mientras que un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesita 35 años cotizados. Y para cobrar la pensión máxima, unos 33.000 euros al año, un español necesita cotizar al menos 35 años, 15 con la base más alta.

VIAJES. ¿Viajes necesarios? Una comisión del Congreso pide permiso para que 60 diputados viajen cuatro días a Canarias... ¡¡¡a estudiar el cultivo del plátano!!! Por cierto, los diputados pueden utilizar a su antojo con cargo a las arcas del Estado aviones, trenes o barcos. Disponen de 5 millones de euros al año para viajes. Y el Congreso regala a los diputados que no disponen de coche propio una tarjeta personalizada con un saldo de 250 mensuales para que viajen en taxi por Madrid.

COCHES. El amor por el lujo de muchos dirigentes autonómicos les lleva a sentar sus posaderas en automóviles de más de 100.000 euros. Catorce de los 17 presidentes autonómicos usan Audi. El valenciano Francisco Camps tiene varios a su disposición (esa comunidad dispone de 200 vehículos para sus altos cargos, la mayoría de ellos Volvo S80, de 40.000 euros), lo mismo que sucedía con Chaves en Andalucía, cuyo Gobierno sigue contando con 234 coches oficiales. Sin embargo, Gallardón, el alcalde de Madrid, les gana a todos: se mueve en un Audi A8 que cuesta la friolera de 591.624 euros. Fue contratado en arrendamiento hasta 2011, así que el alcalde gasta 150.000 euros al año del bolsillo de sus ciudadanos para moverse por la ciudad y alrededores. Tal vez por esto, los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, se burlaron en el desfile del 12 de octubre del Presidente de Cantabria y de su mujer, que viajan en taxi.

DESPILFARRO. El Congreso gasta cada año 160.000 euros en regalos navideños. 11.000 cargos públicos reciben obsequios por esas fechas, un gasto que suma al año 2.200.000 euros. Los senadores cuentan con un total de 1,7 millones de euros anuales para gastos en teléfono móvil.

DIETAS. Los diputados y senadores que no viven en Madrid reciben, además del sueldo, otros 1.823 euros al mes por sus supuestos gastos de manutención y alojamiento. Los que viven en Madrid, un complemento mensual de 870 euros para gastos, libres de impuestos. La suma de estos sencillos complementos supera el sueldo de 12 millones de ciudadanos. Además, cobran 150 euros cada día si salen al extranjero, y 120 si viajan por el país.

ENCHUFADOS COSMOPOLITAS. Hasta hace dos años, cada eurodiputado disponía de 17.140 euros al mes para contratar asesores, que solían ser familiares. El ex presidente del PP de Cataluña y vicepresidente de la cámara europea, Alejo Vidal-Quadras, puso en nómina como secretario en Bruselas a Albert Fuertes, hermano de su esposa. Y el eurodiputado cacereño del PP, Felipe Camisón (fallecido en mayo de 2009) contrató a su cónyuge como asistente, al igual que hizo la también diputada popular Cristina Gutiérrez-Cortines con su hija. Y lo mismo hizo el socialista Enrique Barón con la hija de un militante afín. En la actualidad, los familiares directos han sido eliminados de las plantillas de los diputados españoles. Sin embargo, los parientes de sangre han sido reemplazados por personal próximo al partido: Más de 140 millones al año se van en sueldos de 1.200 recomendados, y esos son sólo los ligados a los eurodiputados españoles. Con ese dinero se podrían mantener los servicios de una ciudad española de 115.000 habitantes durante un año.

HORAS EXTRAS. En 2008 el Gobierno de La Rioja pagó 200.000 euros en horas extras a sus conductores. Realizaron 870.182 kilómetros, unos 2.300 al día, lo suficiente para cruzar tres veces España de este a oeste. Un gasto curioso ya que es la comunidad más pequeña del país y que su población es inferior a la de cualquier ciudad dormitorio de Madrid. El uso de coches oficiales para asuntos particulares es una práctica tan común como soterrada.

MARISCADAS. No hay límite legal para las comidas de representación de los grandes políticos españoles, tanto centrales como autonómicos como de las grandes ciudades (en las ciudades medias y pequeñas este gasto suele estar más controlado, porque todo se sabe). Tampoco hay fiscalización previa a la hora de comprar jamón, champán o puros de alta gama. Ejemplo de descontrol es el socialista valenciano Vicent Costa: en 2007 acababa de perder las elecciones municipales a favor del PP, pero seguía siendo alcalde en funciones. Y como tal se gastó casi 500 euros del dinero público en gambas, cigalas, langosta, navajas, jamón y caldereta. Una buena despedida.

EX MINISTROS. Los ex ministros mantienen durante dos años una pensión por cese de 58.000 euros anuales, cifra seis veces superior a la pensión media española. En la actualidad, cuatro ex ministros compatibilizan ese dinero con el sueldo de diputado: José Antonio Alonso, Fernández Bermejo, María Antonia Trujillo y Jesús Caldera.

REGALOS. No hay una ley concreta sobre los obsequios que pueden aceptar o no los políticos. En EEUU, por ejemplo, pasan al Estado. Condolezza Rice recibió el año pasado en sus viajes oficiales joyas por valor de 360.000 euros. Aquí nadie tiene obligación de declararlos. Se pueden quedar con ellos. Sin más.

SIN LÍMITE NI VERGÜENZA. Cada parlamento autonómico, diputación o ayuntamiento fija el sueldo de sus cargos electos sin límite ni baremo alguno. José Bolarín, alcalde de Ulea (Murcia), con 900 habitantes, cobra unos 4.000 euros mensuales. El de Ricote, cerca del pueblo anterior, se lleva 40.000 al año en una población que no alcanza los 1.300 vecinos. Y la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba más que el presidente del Gobierno: 84.462 euros al año en un ayuntamiento que estaba en bancarrota.